Algunos de los datos del 30º informe sobre violencia política contra la mujer.

La lucha por la igualdad política de hombres y mujeres es una batalla tan antigua como universal, librada hoy en los espacios físicos y virtuales. La directora del diario español El País, Pepa Bueno, lo advierte en sus intervenciones mediáticas: “la deriva del acoso en redes podría sacar de la opinión pública a muchas mujeres”. Este es un riesgo compartido en cualquier latitud, especialmente en países que atraviesan situaciones de emergencia por la vulneración sistémica de los derechos de las mujeres y la impunidad frente a las denuncias. En Ecuador, la organización no gubernamental Participación Ciudadana monitorea desde 2019 la violencia en Twitter contra las políticas y las mujeres con perfil público, y tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado año, propone una serie de reformas para que la ley electoral brinde mayor protección a los derechos de representación política de las mujeres

La iniciativa de este ejercicio de monitoreo nace con la intención de mostrar a la sociedad que la violencia en redes es una de las causas de la desmotivación de la mujer para formar parte de la vida pública. Este ejercicio, indica el subdirector de Participación Ciudadana, Simón Jaramillo, “no busca blindar a las mujeres contra la crítica”, sino que pretende llamar la atención sobre el lenguaje violento que se vuelca en redes contra las mujeres con perfil público por el hecho de ser mujer, no por la gestión que realizan. En Ecuador, explica Jaramillo, “esta violencia es doble en el caso de tres altas autoridades: se les critica por ser mujeres y por pertenecer a grupos étnicos minoritarios”. Ellas son la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, o la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.

El monitoreo del mes de junio arroja un total de 9.720 tweets violentos contra las 28 cuentas de mujeres con perfil público que se analizan desde que se iniciara este ejercicio en diciembre de 2019. La mayor parte de las expresiones denigrantes estuvieron relacionadas con la desvalorización del rol de la mujer para desempeñar actividades públicas o cargos políticos y con la cosificación de la mujer. Los diez apelativos más recurrentes a la hora de mencionar estas cuentas de Twitter son corrupta, sinvergüenza, asesina, ladrona, cínica, rata, inepta, vieja, ridícula y mentirosa.

Hombres y mujeres públicos son continuamente perseguidos en esta red que muchos califican de haters, “pero lo que muestra este monitoreo es que además del cuestionamiento sobre honorabilidad,  honestidad o gestión en el cargo, a las mujeres se les reprocha el hecho de haber dejado su rol tradicional dentro del hogar para ejercer cargos públicos”, destaca Jaramillo. Además, la utilidad de este ejercicio de monitoreo se ha materializado en la inclusión de un capítulo sobre violencia política contra mujeres candidatas en la ley electoral, sirviendo además a la autoridad electoral de herramienta para identificar eventuales infracciones de la ley.

Una armadura legal para derribar muros estructurales

Hasta hoy, ninguna mujer ha ejercido el cargo de presidenta en Ecuador y solo siete se han presentado como candidatas a liderar el país. Ninguna de ellas ha llegado a la segunda vuelta electoral. En las elecciones de 2021 apenas un 15% de las listas estuvieron encabezadas por mujeres y, una vez escrutados los votos, tan solo el 38% de las mujeres candidatas obtuvieron un escaño, el mismo porcentaje que en comicios anteriores y todavía lejos de una representación paritaria.

Para profundizar en el problema endémico de la infrarrepresentación de mujeres en la vida política ecuatoriana, Participación Ciudadana ha elaborado el estudio Paridad en Ecuador con el objetivo de plantear reformas para impulsar una representación igualitaria en los órganos de representación popular.

La Constitución de 2008 determina que los partidos y movimientos políticos deben presentar obligatoriamente listas electorales paritarias y el Código de la Democracia –actual ley electoral– impone que en caso de empate para la asignación de un escaño, este será adjudicado a una mujer. Si el marco jurídico favorece la representación paritaria, ¿qué ha impedido su materialización? En primer lugar, las formaciones políticas encabezan las listas con hombres y, dado que las circunscripciones electorales son pequeñas, hay mayor probabilidad de que solo entren los primeros nombres de las listas. Además, por consulta popular se decidió un sistema de votación de listas abiertas, en el que los votantes podían elegir a los candidatos de su preferencia. A ello se suma la percepción social de la mujer en la esfera política. Según datos proporcionados por el estudio de la Encuesta Mundial de Valores, un 22,3% de las personas entrevistadas está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Es decir, todavía una de cada cinco personas en Ecuador opina que las mujeres son menos aptas como lideresas.

«El problema son las barreras partidistas, político-institucionales, culturales, actitudinales, ideológicas y estructurales con las que se enfrentan las mujeres cuando participan en política».

Ante estos obstáculos, los legisladores decidieron dar una nueva vuelta de tuerca en 2020 al establecer que la mitad de las listas presentadas por los partidos y movimientos políticos fueran encabezadas por mujeres y revocaron el sistema de listas abiertas. Sin embargo, decidieron que estos pasos se aplicarían de forma gradual. A este sistema de paridad de género de entrada, el estudio propone adoptar uno de salida, a imagen de la legislación chilena. En 2020 se promulgó en Chile una ley de paridad de género para el proceso constituyente en la que se estableció que en los distritos que se repartían un número par de escaños, estos deben distribuirse al 50% entre hombres y mujeres, mientras que los distritos que repartían un número impar, la diferencia entre hombres y mujeres no podría ser superior a uno.

“El problema son las barreras partidistas, político-institucionales, culturales, actitudinales, ideológicas y estructurales con las que se enfrentan las mujeres cuando participan en política”, concluye el estudio, a la espera de los legisladores se inspiren de modelos que funcionan en la región con vistas a la plena adjudicación de escaños en las elecciones legislativas de 2025.

Por Silvia de Félix, periodista, socia de la Asociación de Periodistas por la Igualdad y consultora internacional en materia de elecciones, medios de comunicación y redes.