Por María José Pintor.–

El caso de Juana Rivas es uno de los mejores ejemplos -son muchos más, pero con menos proyección mediática- que tenemos sobre madres protectoras y el fracaso institucional cuando la presión mediática y la judicatura más conservadora se alinean para evitar que se haga justicia con una víctima de violencia de género.

Lo de Juana Rivas ya no tiene remedio. Se cerraron todas las opciones para que pudiera recuperar a sus hijos como víctima de malos tratos del padre de sus hijos. La Justicia Italiana, mucho menos avanzada en los derechos de las víctimas que la jurisprudencia española, decidió darle la custodia al padre sin tener en cuenta si había o no indicios reales del maltrato que esta mujer denunció una y otra vez de todas las formas posibles.
No sé si Rivas cometió errores o no en la forma de afrontar el tema. Pero disponer de un equipo jurídico carísimo que sepa enfocar estas cuestiones ante un tribunal es una garantía mínima con la que Juana no contó cuando inició todo el proceso. Es difícil además perder a tus hijos y mantener la cordura al cien por cien. Al menos yo no podría. Pensar en las mejores estrategias y acertar al demandar a su expareja.
Pero aunque esto es una página negra cerrada en la Justicia española e italiana, lo que no es soportable es que el castigo a Juana Rivas haya llevado consigo el castigo institucional y judicial a sus hijos.
Estos dos menores fueron obligados a vivir con su padre en Italia cuando no querían como explicaran a los jueces en nuestro país y en Italia. De hecho, cuando el hijo mayor cumplió la edad de poder decidir, optó con volver con su madre a Granada y denunciar en Italia, de palabra, por escrito, ante tribunales y servicios sanitarios que su padre los maltrataba. El ya joven ha pedido de todas las formas posibles que no dejen a su hermano pequeño con el padre. Que los amenaza, empuja, trata mal y odia lo que representan como hijos de Juana Rivas.
Ha dado igual. En España sería impensable, en buena parte de Europa también, pero en Italia puede estar un padre a punto de sentarse en el banquillo (en dos meses) por presunto maltrato a sus hijos y que otro juzgado, sin cotejar ni tener en cuenta estos datos, obligue al pequeño a volver con su padre.
Ni la jurisprudencia europea ni la española pasasían por alto la protección al menor (salvo en excepciones gravísimas, que las hay), pero en Italia es distinto. Mientras, la jueza en España que podría detener esto, decide que si hay orden judicial en Italia de que el pequeño vuelva con su padre, pues vuelve y punto.
Mientras, el hijo mayor de Juana, sus abogados y las instituciones (con poco éxito hasta el momento) tratan de parar una barbaridad.
Buena parte de los medios y de la opinión pública y publicada, en vez de detenerse en la falta de protección del menor, se centran en el espectáculo -que sí fue lamentable- del pasado miércoles cuando el pequeño acudió al punto de encuentro para ser entregado al padre y dejar Granada donde están su madre y su hermano mayor.
Antes de llegar a exponer al pequeño, esa familia lo había intentado todo. Pero nada da resultado.
Esto es el fracaso institucional, nacional e internacional de la protección a la infancia. Quien no quiere verlo es porque el negacionismo sobre la violencia vicaria y machista sigue muy presente en una parte de la sociedad y de la judicatura. Por supuesto, también de la política con la ultraderecha y con un PP que se pone de perfil.
Mientras, este niño sigue pidiendo a gritos quedarse con su madre. Y su padre en dos meses -el 18 de septiembre- se sienta ante los tribunales penales italianos por supuesto maltrato.
Demencial.